Querido compañero Leo, no se si estas líneas podrán llegar a ti, pero quiero expresar mi profundo respeto por la entereza y fortaleza de espíritu que te anima en estos momentos tan difíciles para ti, tu familia y la familia boliviana en general. Con verdadera indignación hemos presenciado el último atropello que el gobierno ha perpetrado al enviarte al penal de Chonchocoro, aumentando una arbitrariedad más en la larga cadena de abusos que la represión y persecución política gubernamental está cometiendo en este tiempo de judicialización de la política.

Es probable que en 2009 muy pocas personas imaginaran que, al votar por Evo Morales, estaban apoyando la instalación de un régimen autoritario, represor, conculcador de los derechos humanos y destructor de la democracia. La ambición de poder sin límites de Evo Morales y su entorno palaciego le ha llevado a ejecutar una inmisericorde y cruel persecución político judicial contra toda persona que disienta del pensamiento oficialista.

El gobierno se ha ensañado de tal manera contra todo ciudadano que disienta, que los líderes de la oposición han sido obligados a seguir, unos el camino del exilio, y otros (los que no tuvieron la posibilidad de salir del país), la cárcel en calidad de “detención preventiva” en juicios que se dilatan y que culminarán en una condena cuando al oficialismo le convenga.

Este contexto, en el que el gobierno ha demostrado una enorme capacidad para desarrollar estrategias envolventes, maquinaciones retorcidas, manipulaciones, presiones, amenazas, etc., se agrava para el país por la evidente negligencia, ineficiencia e ineficacia de la administración de Evo Morales para atender las necesidades y aspiraciones de mejor la calidad de vida del pueblo boliviano, habiéndola conducido, por el contrario, a una crisis económica y a una crisis alimentaria sin precedentes, desperdiciando el contexto económico altamente favorable que vivió el país como efecto de la subida de los precios de nuestras materias primas.

Así planteadas las cosas, estimado Leopoldo quiero manifestarte mi solidaridad plena, lo mismo que a tu valiente familia y ratificarte que hoy igual que ayer y en el futuro, estamos trabajando para que se restaure en Bolivia el Estado de Derecho, la vigencia plena de los Derechos Humanos y la restitución de sus derechos democráticos a todas las víctimas de la violencia y persecución política judicial.

Fraternalmente,

Manfred Reyes Villa Bacigalupi

CANDIDATO PRESIDENCIAL Y CO-PRESIDENTE DE PPB CONVERGENCIA NACIONAL

Querida Familia Boliviana ha llegado una nueva fecha de esperanza, paz y amor.  Cuando todos creyentes y no creyentes, hacemos votos de Fe por un futuro mejor, indudablemente este no es el tiempo, muchos hermanos Perseguidos Políticamente han tenido que emigrar lejos de sus Familias, debido a la intolerancia a pensar diferente.  Sin embargo a cada uno de ustedes, lleguen mis deseos de un nuevo amanecer, recuperando la Democracia, la libertad y tolerancia, la seguridad Jurídica muy lastimadas en nuestra querida Patria.

Que el nacimiento de nuestro señor Jesucristo y el nuevo año, siembren en nuestros corazones la convicción de mejores días, en armonía seguridad y progreso.  Estoy plenamente convencido que una nueva era plena de satisfacciones está por llegar.

Son mis más sinceros deseos para mi querida Bolivia.

Manfred Reyes Villa.

Arlington VA, diciembre 16 de 2010

Señora:
Dra. Navanethem Pillay
ALTA COMISIONADA DE NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Ginebra.-


Distinguida Señora:

Cuando a poco de dejar mi país en enero de este año le escribí una carta a su representante en Bolivia (carta a la que por cierto jamás recibí respuesta), denunciando que se canceló la separación de poderes y que se empleaba la justicia boliviana para descabezar a la oposición, demandando un pronunciamiento de Naciones Unidas sobre los procesos en mi contra, posiblemente dio la impresión que se trataba de un intento de legitimar la salida del país por parte de una ex autoridad sospechada de corrupción y contra la que el gobierno boliviano había interpuesto 18 demandas en un año.

Tras la sistemática suspensión de alcaldes y gobernadores de oposición ejecutada durante este año, mediante procedimientos jurídicos forzados cuando no dudosos, amparados en modificaciones al procedimiento penal que violan el sistema garantista, ejecutadas por autoridades judiciales designadas por el Poder Ejecutivo y siempre bajo el argumento de corrupción e irregularidades en la función pública, creo que Naciones Unidas habrá cambiado en algo su percepción inicial sobre los procesos a dirigentes de la oposición y el respeto del gobierno boliviano por los derechos humanos.

Hace poco el jefe de mi bancada en la Cámara de Diputados y mi ex portavoz visitaron nuevamente la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia con el cometido de entregar una carta en la que, acogiéndonos a la preocupación y las recomendaciones vertidas durante su visita a Bolivia, pedíamos a la Alta Comisionada solicitar al estado boliviano autorización para realizar una auditoría convencional, con el fin de constatar si los operadores de justicia, los instrumentos jurídicos y las acciones/decisiones judiciales respetaban los principios de derecho internacional que han comprometido respetar todos los países miembros de la comunidad de naciones.

Tras esa reunión, ambos me transmitieron su sensación de que efectivamente Naciones Unidas ha dejado de ver con excesiva benevolencia las acciones jurídicas que desde el estado se realiza contra autoridades y ex autoridades de oposición.

Pude constatar aquello, cuando a pocas horas de la reunión sostenida entre mis representantes y el abogado Miguel Desogus, el representante del Alto Comisionado en Bolivia Dennis Racicot se pronunció en medios periodísticos nacionales demandando “fundamentos reales” en los juicios contra opositores (PÁGINA SIETE, diciembre 09 de 2010), pedido que fue airada e inmediatamente respondido por la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Nardi Suxo que “invitó” a la OACDH a “revisar e interiorizarse” de los procesos a autoridades de oposición (LA RAZÓN, diciembre 11 de 2010).

Creo que esta apertura pública del gobierno boliviano a que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos revise de manera oficial los procesos a ex autoridades y autoridades de oposición, abre la oportunidad invaluable de que la Alta Comisionada instruya una auditoría convencional, que nos permita establecer, de manera técnica: a) si las leyes con las que se juzgan a dirigentes de oposición, b) las autoridades judiciales que ejecutan esos procesos y c) las sentencias y fallos evacuados respetan los protocolos y convenciones que el país ha suscrito en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción.

Considero además que, dadas las presiones que ejerce el gobierno boliviano sobre organismos nacionales e internacionales en el país, esta debe ser una tarea que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos asuma y ejecute al más alto nivel.

Finalmente quiero expresarle que comparto la percepción de su representante en Bolivia, el Sr. Racicot, sobre que el problema de la justicia es un problema estructural, y no de este gobierno. La inequidad y las limitaciones en el acceso de las grandes mayorías al sistema judicial, al igual que la discriminación y la corrupción procesal, son sin duda pasivos arrastrados por muchos años.

Pero sería inadmisible emplear esa realidad para disculpar el hecho de que – pretextando introducir ajustes al sistema judicial – se han aprobado leyes, administrado juicios y dictado sentencias que vulneran garantías protegidas por el sistema de naciones unidas y el sistema interamericano de derechos humanos, en el afán de descabezar sistemáticamente a la oposición en Bolivia.

Negarnos a ver que, a título de luchar contra la corrupción y contra el racismo, en Bolivia se está proscribiendo y privando de debido proceso a un grupo específico por sus ideas políticas, sería consentir este atropello que ya canceló, o está en proceso de cancelar, el mandato democrático, los derechos civiles y la libertad de expresión de los líderes de oposición en Bolivia y de todos los bolivianos en última instancia.

Cuando denuncié la naturaleza viciada y política del sistema judicial en Bolivia, quizás el representante en Bolivia de la OACDH tuvo la impresión de que mi denuncia representaba la posición personal de una ex autoridad, que alegaba persecución política para defenderse de las demandas interpuestas por el estado boliviano. Creo que hoy la Alta Comisionada coincidirá en que ya no es posible discutir el uso político de la justicia boliviana y que esto se está convirtiendo en un problema estructural que amenaza no sólo los derechos humanos, sino la alternabilidad y el equilibrio democrático en Bolivia.

Atentamente,

Manfred Reyes Villa Bacigalupi
Ex candidato a la Presidencia de Bolivia y ex gobernador

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Manfred Armando Reyes Villa Bacigalupi, Capitán en Retiro del Ejército de Bolivia, Alcalde de la Ciudad de Cochabamba, Prefecto (Gobernador) del Departamento de Cochabamba y candidato a la Presidencia de la República de Bolivia en dos ocasiones (2002 y 2009), nació en la ciudad de La Paz el 19 de abril de 1955. Es el segundo de cuatro hermanos (Erick, Manfred, Sergio y Ximena).

Cursó educación primaria en escuelas fiscales de los distintos destinos asignados por las Fuerzas Armadas de Bolivia a su padre (el General de Ejército Armando Reyes Villa), e hizo estudios secundarios en el colegio Don Bosco de Cochabamba. Finalmente egresó como Bachiller en Humanidades del Colegio Israelita de la ciudad de La Paz.

En el año 1973 ingreso al Colegio Militar de Ejército, donde cuatro años después obtuvo el grado de Subteniente. Durante la última parte de su carrera militar ocupó cargos de importancia como la Docencia en Asuntos de Especialización Militar, fue Agregado Militar de la Embajada de Bolivia en Brasil y luego en la legación diplomática boliviana en los Estados Unidos. También ocupó la Secretaría General de la Agrupación de Agregados Militares de Sudamérica, con sede en Washington DC.

En 1986, debido a circunstancias familiares, dejó voluntariamente la carrera militar con el grado de Capitán de Ejército.

En la vida civil se desempeñó como Administrador de Empresas, grado obtenido en los EEUU, ocupando el cargo de Vicepresidente de la Crawford Internacional Silver Spring, con sede en Maryland, EEUU. Fue también presidente de la empresa de bienes raíces MAREVI Internacional, con sede en Miami.

Luego retornó a Bolivia y, a partir del año 1990, incursionó en el servicio público postulando a su primer cargo en el Gobierno Municipal de Cochabamba y resultando electo concejal de la ciudad de Cochabamba. En calidad de tal, fue Presidente de la Comisión de Drogadicción. Creó la Fundación “Nuevo Horizonte” dedicada a la prevención contra la drogodependencia. En 1992 asumió la Vicepresidencia de Honorable Concejo Municipal de Cochabamba y fue miembro del Directorio de la Corporación de Desarrollo de Cochabamba (CORDECO).

En 1993 fue elegido por la mayoría de votos como Alcalde Constitucional de la ciudad de Cochabamba. Desde entonces ganó cuatro elecciones consecutivas para este cargo, con un voto popular ascendente que le convirtió en el líder municipal más importante de la era de la Participación Popular en Bolivia.

Durante sus cuatro gestiones como Alcalde, fue elegido Presidente de la Asociación de Gobiernos Municipales Autónomos de Bolivia, consolidándola como instancia legal y logrando su reconocimiento a nivel internacional. En calidad de tal asume como Miembro de la Unión Internacional de Autoridades Locales (IULA) y fue nombrado representante oficial de la Red Latinoamericana de Asociaciones Municipales ante la World Association of Cities and Local Authorities Coordination, con base en Ginebra Suiza.

El año 2002, con tan sólo cuatro años de actividad política, se postuló por primera vez a la Presidencia de la República de Bolivia, logrando más de seiscientos mil votos, que equivalen al 20% de la votación total de esos comicios con su novel partido Nueva Fuerza Republicana (NFR). No llegó a la Presidencia de la República debido a la guerra sucia del entonces gobernante Movimiento Nacionalista Revolucionario y a un fraude informático que fue tema de documentales históricos como “Our Brand is Crisis” (Nuestra marca es la crisis - Rachel Boynton, 2005).

En las inéditas Elecciones Generales y de Prefectos (gobernadores) de 2005 fue elegido como primer Prefecto electo del Departamento de Cochabamba, postulado por un frente amplio de organizaciones sociales, cívicas, empresariales y agrarias aglutinadas en el frente amplio Alianza de Unidad Cochabambina (AUN). En este proceso histórico de ampliación democrática, logró un respaldo del pueblo cochabambino de 48% en el área rural y de 67% en el Eje Metropolitano, siendo el primer Prefecto electo por voto directo en el Departamento de Cochabamba.

En enero de 2007 durante el primer gobierno de Evo Morales, intentó ser derrocado por sindicatos cocaleros afines al oficialismo, en una sangrienta jornada de sitio a la ciudad de Cochabamba conocida como “enero negro”. Reyes Villa realizó una campaña internacional de denuncia por organismos internacionales de Europa y EEUU que le restituyó en el cargo.

En 2008, luego de tres años de gestión pública emblemática a cargo de la gobernación de Cochabamba, declinó de someterse a un Referéndum Revocatorio inconstitucional que impugnó ante el Tribunal Constitucional, denunciando manipulación de la base de datos del Padrón Electoral y la adulteración del Registro Civil por un proceso de carnetización gratuita llevada adelante por el Gobierno del Presidente Evo Morales y un proceso electoral ejecutado por la cuestionada firma venezolana Smartmatic.

En abril de 2009 retornó al país tras una ausencia de dos meses y anunció su candidatura a la Presidencia de Bolivia, donde contendió con el populista Evo Morales y resultó segundo, en un proceso eleccionario ensombrecido por las bulladas denuncias de intervención del organismo electoral y contaminación del registro de ciudadanos con supernumerarios con identidades falsas.

Con 19 denuncias judiciales del reelecto Ejecutivo en su contra y con su candidato a la vicepresidencia (el ex gobernador de Pando Leopoldo Fernández), secuestrado y detenido ilegalmente por fuerzas militares y luego confinado sin proceso en La Paz, Reyes Villa denunció internacionalmente la judicialización de la política boliviana y dejó Bolivia para acogerse a los organismos internacionales, tras que el presidente Evo Morales ordenara su detención y encierro sin existir una sentencia judicial en su contra.

Manfred Armando Reyes Villa Bacigalupi (54), está casado con Patricia Avilez y es padre de cinco; Ingrid (29), Erick (24), Manfred (22), Stephany (14) y Marvin (12). Dos de sus hijas mayores, Carla y Susana, fallecieron antes de 2000. La familia Reyes Villa reside desde enero de 2010 en Los Estados Unidos de Norte America en calidad de perseguidos políticos por el régimen chavista de Evo Morales.

Una carta personal enviada por el recluido ex prefecto y ex candidato a la vicepresidencia por Convergencia Nacional, Leopoldo Fernández, fue entregada, este lunes, a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, por el Jefe de bancada de Convergencia Nacional en la Cámara de Diputados, Mauricio Muñoz.

Rompiendo el estricto protocolo, el diputado Muñoz aprovechó unos breves instantes previos a la reunión en ambientes del Hotel Radisson para acercarse a la Alta Comisionada y manifestarle con un fluido inglés, el pedido personal del ex gobernador de Pando para que Pillay pudiese interiorizarse de su excepcional situación jurídica.

Sorpresiva: Gabriel Loza renunció tras sugerir que se utilicen las reservas del BCB en programas contra la pobreza.

El impulsor del proceso de instalación de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) en 1997, Marcelo Zabalaga Estrada, asumió ayer de manera interina la Presidencia del Banco Central de Bolivia (BCB), tras la renuncia de Gabriel Loza Tellería.

Los bolivianos deben saber que mi condición es la de cualquier ciudadano garantizándose el derecho a la libre circulación y poniéndose a salvaguarda del persistente intento de detenerme políticamente,instruido de manera pública y en más de una ocasión por el presidente Evo Morales. El sábado 19 de diciembre de 2009, en la ANAPOL, reiteró su sentencia: Manfred debe ser detenido.

Las continuas y permanentes amenazas del primer mandatario, quién ya me juzgó declarándome culpable previo a cualquier investigación o juicio legalmente establecido; amenazando con sanciones a la Policía Nacional de no lograr mi captura, ponen en evidencia el estado de indefensión al que pueden llegar en muy corto plazo el resto de los bolivianos.

No me persigue la justicia y no hay una orden de aprehensión en mi contra. No he dado un solo motivo para tal extremo, pese a que se pretende procesarme fuera de la jurisdicción y la competencia que dicta la ley. Por eso, denuncio que la persecución instruida por el gobierno en contra mía, de mi familia y mis colaboradores, es un atropello injustificable, nacido del odio y la intolerancia política.

Ninguna acusación de conducta antieconómica en mi contra tiene el respaldo de una auditoría que fundamente las sindicaciones y en ningún caso se me demanda desde instancias afectadas por esos supuestos delitos. Mi acusador es siempre el gobierno, a través de sus ministros, viceministros o interventores, que en la mayoría de casos actúan sin tener parte en los procesos.

Y no me demandan instancias independientes del gobierno, sino entidades intervenidas por sus agentes políticos. No me acusa un Contralor General que haya sido nombrado por dos tercios del Congreso, ni me demanda un Prefecto de Cochabamba electo por voto popular. El contralor y prefecto interinos son diputados oficialistas, nombrados discrecionalmente por el presidente Morales y sus dictámenes son acciones políticas que responden a su mandante y no al derecho.

Pero el gobierno no ignora que sus acusaciones no tienen efecto jurídico posible. Entiende la improcedencia e improbabilidad de sus demandas pero igual las lleva adelante porque no le interesa la verdad sino generar un efecto de descalificación. No le importa el resultado jurídico sino crear un clima de criminalidad en torno mío y dudas en la opinión pública para ejecutar mi eventual detención.

Por mi parte reafirmo mi decisión de asistir, como hago desde hace 8 meses, a toda convocatoria judicial en que sea imperativa mi comparecencia y recalco que no hubo una audiencia a la que no haya asistido, salvo que me estuviera legalmente permitido abstenerme.

Demando condiciones para que la justicia se administre en independencia del poder político y en el marco del debido proceso. Esto no será posible en tanto organismos internacionales, cuyos veedores electorales han reconocido la ausencia de garantías jurídicas en el país, no empiecen a abogar por la restitución del control de constitucionalidad y de una Corte Suprema de Justicia donde podamos ampararnos de jueces que, apoyados en el poder político, se prestan a enjuiciarnos sin competencia.

No se puede esperar justicia mientras las entidades de fiscalización permanezcan intervenidas y la inconstitucionalidad de sus acciones no se pueda impugnar. De no ser restituidas en breve las garantías de debido proceso en el país, me declaro dispuesto a someterme a tribunales internacionales que esclarezcan la verdad sin la presión política de ningún gobierno.

Ningún resultado electoral le da derecho a un gobernante a violar garantías elementales para eliminar a quienes disienten y no le sirve al país tener otro líder de la oposición bajo reclusión política. Un ex prefecto, alcaldes y dirigentes cívicos purgan encierro sin tener sentencia y tras ser aprehendidos por el gobierno sin respetarse el debido proceso. Bolivia no debe olvidar ese hecho fundamental.